Enriquecimiento injusto

Se refiere al enriquecimiento (legal o ilegal, lícito o ilícito) de una persona que incrementa injustamente su patrimonio, como es el caso muy común de los funcionarios y gobernantes mexicanos. Éstos, para no verse descubiertos o involucrados en acusaciones de enriquecimiento ilícito, utilizan o manipulan a su antojo las leyes establecidas. De esta manera evitan el riesgo de ser sancionados o perseguidos por la justicia humana.

Son numerosos los casos en que diputados, senadores, síndicos y regidores, se autorizan a sí mismos aumentos de sueldo, seguros, bonos y prestaciones, muy superiores a los de cualquier otra actividad o profesión. Es a todas luces inmoral e injusto enriquecerse de esta manera aún cuando las leyes lo permitan. Hay que recordar que "no todo lo legal es moral, y no todo lo moral es legal".

Cuando esta actividad se lleva a cabo en el ámbito político representa una burla y una grave ofensa a la sociedad. En el aspecto moral y religioso, el enriquecimiento injusto es una falta grave al séptimo mandamiento (No hurtarás) y al décimo (No codiciarás los bienes ajenos).

El origen de la teoría del enriquecimiento injusto se remonta también al Derecho Romano, según un texto del Digesto atribuido a Sexto Pomponio que establecía: "Jure naturae aequum est. nemi nem cum alterius detrimentum et injuria fieri locupletiorem", que significa: “**por la ley de la naturaleza no es correcto que nadie se enriquezca injustamente a expensas de otro**”. Esta máxima ya contenía los elementos claves de la responsabilidad que surge del enriquecimiento que son: enriquecimiento, que sea injustificado (asignarse altos sueldos y bonos, recibir sobornos, etc.) y que se haya producido a expensas de otro (sociedad o pueblo).

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